MEMORIAL CIUDADANO DEL PUEBLO COLOMBIANO

Bogotá D.C. 23 de septiembre 2026
Señores Magistrados
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
Referencia: Radicado N° 11001-2203-000-2026-03364-00 — Acción de Tutela
Accionante: Gabriel Jorge Triana Perdomo
Accionados: Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y Fiscalía General de la Nación.
Vinculados: Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, actual Presidente de la República de Colombia y otros.
Asunto: Solicitud de revisión. Violación de derechos fundamentales. Excepción al principio de subsidiariedad por perjuicios irremediables.

Cordial saludo

GABRIEL JORGE TRIANA PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.227.101 de Pitalito (Huila) y Tarjeta Profesional No. 44.680 del Consejo Superior de la Judicatura, exjuez de la República por 41 años, principalmente en el área penal, con una hoja de vida limpia, sin ningún tipo de sanción por el ejercicio de las funciones; considerado uno de los mejores Jueces de Colombia, conforme a la trayectoria y la calificación de EXCELENCIA por los servicios, para el año 2023 de 97 puntos sobre 100, y exintegrante de la lista de preseleccionados por parte de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, publicada el 22 de julio del año 2020, para ocupar una vacante de Magistrado en la Sala de Casación Penal de esa Honorable Corte Suprema de Justicia. En mi calidad de ACCIONANTE, junto con los COADYUVANTES, ciudadanos colombianos mayores de edad, en ejercicio de nuestros derechos políticos y constitucionales, identificados con las cédulas de ciudadanía que se relacionan en el listado anexo, y de conformidad al artículo 13 del Decreto 2591, comparecemos ante esa corporación de justicia, para solicitar LA REVISIÓN de la acción de tutela de la referencia, en la que los fallos de primera y segunda instancia, negaron al accionante la protección de los derechos fundamentales invocados. Vulneración y amenaza que afecta igualmente a los más de 13 millones de colombianos que no votamos por el señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero para la presidencia de Colombia, ni estamos de acuerdo con su pensamiento político ni su forma de gobernar.

La presente solicitud de revisión, se realiza por lo siguiente:

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD

1. SOBRE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA
Los fallos de primera y segunda instancia, al invocar los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, omiten aplicar la excepción fundamental que la misma jurisprudencia ha reconocido: la procedencia excepcional de la tutela aun cuando no se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa, cuando se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable.

En el presente caso, no se acudió directamente ante las entidades accionadas ni se interpuso demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, contra los actos de declaratoria de elección y entrega de credenciales, no por negligencia, sino porque el transcurso del tiempo que exigen esos trámites ordinarios, de conformidad al Parágrafo del artículo 264 de la Constitución Nacional, "EN EL TERMINO MAXIMO DE UN AÑO", habría consumado y de hecho ya se ha consumado, parte del daño irreparable que se busca evitar. La lentitud propia de los procesos ordinarios no puede convertirse en cómplice de la violación continua de derechos fundamentales.

2. HECHOS QUE DEMUESTRAN EL PERJUICIO IRREMEDIABLE YA CONSUMADO Y LA AMENAZA QUE CONTINÚE
Desde la posesión y luego en el ejercicio del poder, las actuaciones del señor de la Espriella Otero, han producido daños concretos e irremediables o inminentes y de gravedad excepcional, entre los cuales destacan:

1. La decisión caprichosa del señor de la Espriella, de tomar posesión fuera de la sede natural del Congreso de la República, lo que le representó al erario público un gran gasto de 14 mil millones de pesos. Así mismo, según una acción de tutela, se reveló que en los primeros 18 días de gobierno, gastó en 103 vuelos en helicóptero, la suma de 1.117 millones de pesos, la mayoría hacia la sede del Club Junior de Barranquilla, en detrimento de los intereses de todos los colombianos.
2. Violación del carácter laico del Estado, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia, como en su artículo 19 por la libertad de cultos. El acto de posesión del 7 de agosto de 2026, realizado en la Arena USC, fue utilizado para desarrollar un ceremonial de carácter religioso, contraviniendo directamente al principio constitucional según el cual Colombia es un Estado laico.
3. Se negó por razones ideológicas a recibir ayuda humanitaria internacional de socorristas experimentados de países como China y México, tras el terremoto, por lo que muchas víctimas perdieron la vida esperando auxilio inmediato.
4. Ingreso e invasión a territorio colombiano de tropas extranjeras (EE.UU. e Israel), sin autorización del Congreso de la República, contraviniendo expresamente el mandato del artículo 173 numeral 4° de la Constitución Política, violando la soberanía nacional.
5. Recorte presupuestal al SENA y a la educación, afectando el derecho fundamental al aprendizaje y formación de millones de colombianos, no obstante la radicación del presupuesto más alto en la historia de Colombia por 634 billones de pesos.
6. Eliminación del impuesto al patrimonio, favoreciendo a los sectores más acaudalados, mientras se debilita la capacidad financiera del Estado para garantizar derechos sociales.
7. Declaró su intención de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y todo lo relacionado con el Acuerdo Final de Paz, desconociendo el deber del Estado de garantizar la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado.
8. Anunció su intención de retirar a Colombia como Estado parte del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, debilitando el marco de protección de los derechos humanos y el derecho internacional.
9. Ataque directo al derecho fundamental de libertad de expresión y de prensa: reorganización profunda al medio informativo RTVC, y suspensión de 20 emisoras de paz, desconociendo que fueron creadas con fundamento en el Acuerdo Final de Paz.
10. Desmonte formal de la política de "Paz Total". Esa política de guerra del nuevo gobierno viola el artículo 22 de la Constitución Nacional. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, ya van 10 masacres con 30 personas asesinadas, más 16 líderes sociales y 5 firmantes de paz.
11. Bombardeos y uso desproporcionado de la fuerza, como el realizado en la vereda Sinaí del municipio de San Calixto, en el Catatumbo, dejando varios campesinos heridos y daños materiales, en un uso desproporcionado de la fuerza pública que viola flagrantemente el derecho internacional humanitario.
12. Nepotismo en nombramientos de altos cargos: nombramiento de su exesposa Yoly Beatriz Illidge como superintendente delegada, y a su primo Rodolfo Londoño de la Espriella como representante ante consejos superiores de universidades públicas. Prácticas que riñen con los principios de mérito, transparencia y moralidad administrativa exigidos por los artículos 125, 126 y 209 C.P.
13. Desacato a órdenes judiciales: el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá le ordenó ofrecer disculpas públicas por violar el carácter laico del Estado, pero al terminar su discurso gritó "Viva Cristo rey", y repitió el acto público religioso el 28 de agosto de 2026 en la Plaza de Bolívar, en abierto desacato a la justicia.
14. Proselitismo político en zonas de tragedia y celebración deshumanizante de operaciones militares: llegó a bordo de una camioneta a tirarle balones con el logo de "Defensores de la Patria" a niños víctimas que esperaban alimentos. Celebró entre cadáveres —incluidos varios menores— de la operación "Azarías" en el Guaviare, lo que ha causado repudio nacional e internacional.

Estos hechos, de la más absoluta gravedad, confirman que el perjuicio no es hipotético. Cada día que transcurre sin protección consolida situaciones que después serán imposibles de revertir. Las dos instancias de la justicia que fallaron en la presente acción constitucional, sorpresiva e insólitamente desconocieron plenamente estos hechos para negar el amparo de los derechos invocados.

3. LA TUTELA PROCEDE POR CONCURRIR LOS TRES ELEMENTOS DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE
La jurisprudencia (CSJ STC723-2021, reiterada en STC3196-2022) exige, para la procedencia excepcional de la tutela, la concurrencia de los tres requisitos. En este caso, contrario a lo sostenido en fallo de segunda instancia, sí se cumplen plenamente:

1. Inminencia: las actuaciones irregulares del señor Espriella y su gobierno se producen diariamente y exigen medidas inmediatas.
2. Urgencia: tanto el accionante como la población colombiana requieren protección perentoria ante decisiones que afectan derechos esenciales sin posibilidad de espera.
3. Gravedad: la afectación a la vida, la soberanía, la educación, la paz, el presupuesto nacional, la justicia social, el acceso a la administración de justicia y el respeto a las instituciones hace impostergable la intervención constitucional.

4. ERROR DE INTERPRETACIÓN EN EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: Petición de información no equivale a orden de iniciar investigación
El fallo de segunda instancia incurrió en un error sustancial de interpretación: en la demanda de tutela no se pidió que se ordenara investigar penalmente a las entidades accionadas, sino que el C.N.E. y la Registraduría rindieran informes sobre los procedimientos de verificación adelantados para la inscripción de la candidatura del señor de la Espriella Otero.

De igual forma, con fundamento en los artículos 229 y 250 de la Constitución Nacional, se ordenara a la Fiscalía General de la Nación, no iniciar investigación del caso "Torres Gemelas", sino informar detalladamente las razones por las cuales el proceso penal que presuntamente se adelanta contra el hoy Presidente, por compulsa de copias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra inactivo desde hace más de 12 años estando cerca de la prescripción.

La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar de OFICIO estas denuncias. El principio de oficiosidad en el derecho penal colombiano implica que la Fiscalía debe iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de la posible comisión de un delito, sin necesidad de denuncia formal de un particular. Dada la gravedad de las acusaciones y la naturaleza de los delitos mencionados (lavado de activos, nexos con el crimen organizado, corrupción), la Fiscalía debería actuar de oficio para verificar la veracidad de las denuncias, incluyendo las reveladas en la nueva serie "MATARIFE ABOGANSTER" del abogado periodista Daniel Mendoza Leal, y el reportaje con dosier publicado el 1° de junio de 2026 en "La Nueva Prensa" de Gonzalo Guillén, bajo el título "El expediente oculto de Abelardo de la Espriella y las redes subterráneas que el país desconoce".

Confundir el derecho de acceso a la información, a la verdad y a la administración de justicia con una solicitud de investigación judicial constituye una interpretación errónea que desconoce el contenido esencial de estos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

5. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO Y PRECAUTELATIVO
La acción de tutela no pretende sustituir permanentemente a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino actuar como medida precautelativa y transitoria mientras la justicia ordinaria conoce de fondo del asunto. Negar su procedencia en estas circunstancias equivale a decir que mientras la justicia avanza, los derechos desaparecen. Los derechos que se reclaman no son exclusivos del accionante: son los mismos que sienten amenazados más de 13 millones de colombianos que no votamos por el actual gobierno.

II. PETICIÓN CONCRETA

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Corte Constitucional:

1. REVISAR el proceso y el fallo proferido en segunda instancia, dentro de la acción de tutela de la referencia.
2. Declarar que sí procede la acción de tutela por configurarse el perjuicio irremediable que la jurisprudencia ha reconocido como excepción al principio de subsidiariedad, y en consecuencia aceptar todas las pretensiones formuladas en la demanda de tutela.
3. Corregir el error de interpretación en que incurrió el fallo, distinguiendo la petición de rendición de informes del inicio de investigaciones judiciales.
4. Ordenar las medidas necesarias para cesar de inmediato las actuaciones que vulneran los derechos fundamentales invocados.
5. Acoger el presente memorial, presentado dentro del término legal del Artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, reconociendo que la afectación trasciende al accionante y compromete los derechos de millones de colombianos.